CPCCS: Presunto sobreprecio en compra de batas y pantallas faciales en Los Ceibos

FOTO REFERENCIAL. Batas manga larga como estas habrían sido adquiridas con sobreprecio, según el CPCCS. Cortesía IESS

Cuando aún está fresca en la memoria de los ecuatorianos la fallida compra de bolsas para cadáveres con sobreprecio en el hospital del IESS de Los Ceibos a comienzos de mayo de 2020, ahora un nuevo caso de presunta corrupción ha sido revelado por la unidad de investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Y tiene que ver con en ese mismo hospital. Según el CPCCS se habría afectado al Estado con 525.400 dólares por la adquisición de batas de manga larga y pantallas faciales de protección.

La denuncia fue presentada el viernes 29 de mayo por el CPCC que informó que bajo contrato el referido hospital adquirió 240.000 batas manga larga, tallas grande y mediana, a un valor unitario de 4,45 dólares y 10.000 pantallas faciales de protección por un valor unitario de 9,37 dólares, haciendo un total de $ 1´161.700.

La investigación del Consejo de Participación realiza una comparación con una compra similar del Centro Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sangolquí, realizada el mismo mes, que compra las batas manga larga talla grande a un valor unitario de 2,49 dólares; y en el mes de mayo se compran las pantallas faciales de protección en 3,87 dólares cada una.

El CPCCS explicó que de esta manera, el presunto sobreprecio sería de 78 % en batas y 142 % en pantallas, lo que superaría el medio millón de dólares. Cabe destacar que estos montos pueden incrementarse al considerar compras en otras casas de salud como el Hospital San Francisco de Quito y el Hospital Básico de El Puyo las cuales en la misma época adquirieron productos similares a precios menores a los del presente análisis.

La denuncia, que fue presentada por el Procurador Judicial del CPCCS, señala ocho personas implicadas que participaron en el proceso administrativo en el hospital incluido el contratista.

El documento señala que se configuraría el presunto delito de peculado, con una posible asociación ilícita en el mecanismo de fijación de precios superiores al mercado, actos que presuntamente podrían estar relacionados con acuerdos colusorios entre los servidores públicos encargados de los procesos de contratación, oferentes y contratistas relacionados.

Además, indica que se debe considerar que el contrato identificado se suscribió en el contexto de la declaratoria de estado de excepción, por la pandemia del COVID-19, lo que podría ser una circunstancia agravante de la infracción, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal.